Los vecinos de La Ventilla salen a la calle contra la venta de pisos del Ivima

Azora y Goldman Sachs han adquirido 157 viviendas en la zona

Centenares de personas participaron el pasado 14 de diciembre en una manifestación que discurrió por la avenida de Asturias. Durante el itinerario mostraron su indignación por la venta de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a la empresa Azora. De ellas, en La Ventilla están localizadas 157, en tres bloques de las calles de Cedros, Rosario Romero y San Aquilino. La transacción público-privada fue realizada durante el verano y las familias afectadas conocieron la noticia mediante una carta recibida a principios de octubre. La carta emitida por Encasa-Cibeles, la empresa pantalla utilizada por Azora y el fondo de inversiones Goldman Sachs para gestionar la compra, precedió a la que recibieron semanas más tarde, esta vez sí del Ivima, en la que se confirmaba la venta: las viviendas ya no eran propiedad del 0rganismo público.

La manifestación discurrió entre gritos, pitos y pancartas. Recorrió la avenida hasta concluir simbólicamente en la Plaza del Movimiento Vecinal. Entre las personas que se manifestaban se encontraban también familias afectadas de Valdecarros y de Majadahonda, que exigían una explicación; por ejemplo, Miriam declaraba: “Queremos saber por qué lo han vendido”. Nordín, otro de los vecinos afectados, mostraba suspicacia por la operación realizada: “Si el Ivima ha decidido vender la vivienda, ¿por qué no la ha vendido a los adjudicatarios directamente? Le podía haber sacado más beneficio”. Carmen, por su parte, tiene claro que la oferta realizada por Azora a los afectados con opción a compra es “un simulacro, porque los bancos no te dan dinero, porque somos muy mayores o porque estás en paro”. La manifestación gozó de cierto interés mediático y ese día aparecieron secuencias de la manifestación en dos canales de televisión. También, a día de hoy, existe un flujo de información significativo en las redes sociales, a cargo de personas afectadas y de dos plataformas: la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Sin garantías de prórroga

En esta ocasión, le tocó a La Ventilla liderar el movimiento de protesta, y la razón es evidente: el 12 de enero finaliza el contrato que algunas de las familias del barrio firmaron con el Ivima, y en esta nueva situación no existe un marco que garantice la prórroga de las condiciones. La urgencia, por tanto, es mayúscula, ya que la nueva propietaria Encasa-Cibeles no tiene la obligación de mantener las condiciones pactadas inicialmente por el Ivima, y los vecinos manifiestan no querer hacer frente al alza de las condiciones. La posibilidad de verse sin la vivienda les aterra y, por extensión, otras familias también en promociones del Ivima observan inquietas el destino de sus vecinos.

En la calle de San Aquilino se alza un bloque de ladrillos de colores claros y líneas rectas. Sólo algunos elementos del portal, como las puertas o los interfonos, por ejemplo, advierten de que es una de las promociones del Ivima de los últimos años. En su interior hay un patio alargado hasta llegar a la puerta donde se encuentra el ascensor y las escaleras. Dos de las vecinas del inmueble, Laura y Vanesa, han sido recientemente madres y ahora están volcadas en la crianza de sus hijos. La primera está satisfecha con las últimas noticias, ya que la empresa le garantiza el mantenimiento de las condiciones de su contrato. La segunda, sin embargo, se muestra disconforme pues había estado tramitando una ayuda para que el alquiler le fuera rebajado, cumplía todos los requisitos y el cambio de titularidad de la propiedad le ha dejado con “la miel en los labios”.

Incertidumbre vecinal

La Ventilla es, con diferencia, el barrio que tiene una proporción más elevada de vivienda pública en Tetuán, en su mayoría derivada del proceso de remodelación iniciado en los años 80 y finalizado en los últimos años. Más de 2.300 viviendas fueron destinadas a realojar a las familias que residían en la zona. Con el suelo liberado por el proceso urbanístico se construyeron otras 2.300 viviendas y servicios en suelo público. Algunas de éstas fueron destinadas al Plan de Vivienda Joven del Ivima, dirigido a posibilitar el acceso a la vivienda del colectivo de jóvenes de la región. Con la reciente venta de estas 3.000 viviendas y la puesta en venta de otras 1.500 –aunque ésta quedara desierta finalmente–, sumado a la rapidez de los acontecimientos, el vecindario se empieza a mostrar preocupado; observa cómo las administraciones venden el patrimonio común, que no volverá a ser público.

Quedan muchas preguntas en el aire, hay pocas certezas, pero una de ellas es que la Administración no ha vendido las casas a una empresa filantrópica, es decir, interesada en el beneficio común. En el otro lado de la balanza el vecindario sigue organizándose; ya tiene experiencia.

Ramón Ferrer / Fotos: Miguel Capapey