La paralización de desahucios sigue adelante en Tetuán

El mes pasado se intervinieron dos: en Berruguete y en Naranjo

Como “febrero negro” se bautizó desde las asambleas de barrio del 15-M al mes pasado. Y es que se encontraron con 10 convocatorias de desahucio en 15 días, dos de ellas en Tetuán.
Fue también el mes en que el Ministerio de Economía anunciaba que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago (la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca), de la primera vivienda, a las familias con todos sus miembros en paro que no tengan ingresos adicionales, siempre que el banco lo acepte.
En el distrito, y en toda la ciudad, febrero fue además especial porque los vecinos de la calle del Naranjo, Tatiana y Anuar, protagonistas del primer desahucio que se paralizó en Madrid –el pasado 15 de junio–, tenían notificación de un segundo intento para el día 29: finalmente les fue concedida la dación en pago.
Si aquella primera acción supuso el pistoletazo de salida para la campaña Stop Desahucios en Madrid (un movimiento que a nivel estatal empezó en Cataluña en noviembre de 2010 que ya ha conseguido detener más de 150 expulsiones de familias), el 28 de febrero la plataforma madrileña presentaba en la terraza de Naranjo, 14 los logros alcanzados en estos ocho meses y hacía balance de la situación actual: 31 deshaucios detenidos con acciones pacíficas en la calle y 20 suspendidos gracias a la negociación de la dación en pago con las entiddes bancarias, a favor de lo que también se han posicionado ya ocho ayuntamientos de la región y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava.
Una semana antes del de la calle del Naranjo, el día 22, una vecina de la calle de Berruguete tenía también la citación del banco para abandonar su vivienda. Teresa Cabrera, ecuatoriana de 48 años que llegó a España hace 12 con dos de sus cuatro hijos, padece una incapacidad permanente que le impide trabajar. Según la Plata-forma de Afectados por la Hipo-teca (PAH) de Madrid, “con los ingresos procedentes de su pensión Teresa tuvo que afrontar el cuidado de sus hijos y una letra mensual que no dejaba de ascender, pasando súbitamente de los 800 a los 1.890 euros”. Para esta asociación lo peor es que “las entidades financieras se niegan incluso a negociar con afectados que presentan casos críticos de salud o familiares”.
A la puerta de la casa de Teresa, alrededor de una treintena de vecinos se congregaban para evitar su desalojo, un intento que logró el aplazamiento de la deuda. Entre los asistentes, una pareja de 78 y 67 años de edad, “del barrio de toda la vida”, cuenta seguir los desahucios en Internet y haber ido a apoyar otros muchos. Sobre estos opinan: “Es algo claramente injusto. No se puede ser agresivo, pero hay que dar la nota porque no hay derecho. En este país no hay justicia social ni ética alguna. Lo de los bancos es un robo: cobran con creces sus préstamos y encima reciben dinero público”.

Cristina Sánchez

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