Alexander V. R., de 24 años, fue asesinado de dos tiros, en un bar de copas de la calle de Topete, el pasado 15 de enero. La víctima, según fuentes de la investigación, pertenecía a la banda de los ‘trinitarios’ y estaba de permiso penitenciario. Dos días después, la Policía detenía a un sospechoso relacionado con el homicidio y descartaba el ajuste de cuentas entre bandas, motivando el fatal desenlace en una discusión previa, sucedida horas antes en otro local.
El crimen impulsó la celebración de un Pleno extraordinario urgente en Tetuán, que la concejala-presidenta, Montserrat Galcerán, inició recalcando que el suceso “no es competencia de la Administración municipal”, sino en exclusiva de la Policía Nacional. También subrayó que se trataba “de un hecho aislado, y que no hay pruebas de que sea un ajuste de cuentas o una guerra entre bandas”. Galcerán, que se mostró consciente de la situación de inseguridad en que viven algunos vecinos del denominado “pequeño Caribe”, apeló a “un ejercicio de responsabilidad, que permita encontrar las causas y no aumentar una percepción de inseguridad poco fundada”.
Esta primera intervención motivó la bronca por parte de la oposición, que exigió soluciones al equipo municipal. Así, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, que asistía por primera vez al Pleno de la Junta, alertó de “el peligro de que Tetuán, y en concreto el barrio de Bellas Vistas, se convierta en un gueto”, y pidió “más vigilancia y presencia de patrullas en las calles, más iluminación y cámaras de videovigilancia”.
La concejala-presidenta recordó el dispositivo mixto entre Policía Nacional y Municipal ya en marcha, anunció que se había convocado “una Junta de Seguridad extraordinaria, para discutir este tema con el delegado de Gobierno y el comisario”, y planteado acciones educativas de sensibilización en los colegios de la zona. También añadió que están siendo investigados locales de ocio, “especialmente dos conflictivos, el Azúcar Drink y el Caracol, que tienen ya varias denuncias y orden de cierre, al menos uno de ellos”.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Rafael Álvarez, alertó de que “no se trata sólo de esos locales, hay muchos otros en la zona, que es ya un polvorín, que requiere una intervención multidisciplinar de todas las administraciones. Impulsar medidas sociales y policiales, pero también administrativas desde este Gobierno. Se necesitan muchas más inspecciones en locales”.
Galcerán habló de medidas sociales y educativas, “para evitar que esa juventud sin empleo ni formación pueda convertirse en mano de obra de grupos, que en el futuro puedan delinquir”, e insistió en que “el problema tiene muchas aristas, pero la autoridad municipal no debe profundizar en una división entre vecinos. Hay que esforzarse por entender esa complejidad, porque si fuera fácil el PP lo hubiera resuelto hace 10 años”.
Por último, el portavoz del PP, Manuel Gómez, mostró su preocupación y reclamó que “la inseguridad debe ser asumida como una prioridad” para la Junta. Además, planteó la convocatoria de una mesa de trabajo con los partidos, fuerzas de seguridad, Policía Municipal, asociaciones y vecinos, que se reúna trimestralmente para evaluar la situación, y alertó de que los dispositivos deben incluir los bajos de Azca, “ya que son dos problemas indisolublemente unidos”.
David Álvarez de la Morena
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