El Ayuntamiento recuperará el edificio anejo al Mercado de San Enrique

Cruce de acusaciones de ilegalidades con los inquilinos

El del Mercado de San Enrique se ha convertido en un problema con demasiadas aristas desde que, en 2007, se llevara a cabo una reforma integral de las instalaciones que obvió las dos plantas del edificio anejo. Los comerciantes se quejan de la interinidad de la gestión, que suma ya ocho prórrogas consecutivas; el Ayuntamiento, de las actividades ilegales que se desarrollan en dicho edificio destinado a oficinas, y los propios inquilinos, del “oscurantismo” con que ha actuado el Consistorio, señalando ahora situaciones irregulares que llevan produciéndose de facto desde hace décadas.

Sea como fuere, el desenlace esta vez parece estar próximo, toda vez que se ha anunciado que la octava será la última prórroga, como explica Juan Carlos de Andrés, gerente del mercado: “Llevamos tres años y ocho meses con la concesión vencida. Esta última será hasta el 23 de enero, pero ya en cualquier momento puede convocarse la nueva concesión, sin esperar a que el plazo acabe”.

Cuando en 2007 se hizo la reforma integral “se debió aglutinar tanto el mercado como el bloque contiguo”, explica De Andrés. “Luego nuestra intención fue acometer obras de mejora en esas plantas, pero llegó la crisis y, cuando tienes una concesión de 50 años puedes amortizar cualquier inversión, pero cómo lo vas a hacer con prórrogas de seis meses”, justifica el gerente. Sobre el mercado, añade que hay algo más de un 10% de puestos vacíos, “ya que es difícil incorporar nuevos comerciantes, si no les puedes garantizar tiempos de contrato”, por lo que espera que en breve se solucione la nueva concesión, y que recaiga de nuevo en ellos. “Como la gestión de los propios comerciantes no hay gestión externa, sería retroceder 20 años”, añade.

UNA DECISIÓN POLÉMICA

La concejal-presidenta de Tetuán, Paloma García Romero, explica que “la situación se ha ido alargando mientras se efectuaban estudios e informes para dar con la mejor solución, tanto para las plantas inferiores, donde se ubican los comerciantes, como para la zona de oficinas en las plantas primera y segunda. Al final, el Ayuntamiento ha decidido −avalado por un informe técnico de la Dirección General de Patrimonio– recuperar para usos municipales esas dos plantas superiores”. Por su parte, tanto el gerente como varios inquilinos aseguran que los estudios para conservar esa parte del edificio existían –con unos presupuestos que variaban entre los 1,8 millones y los 900.000 euros–, pero “al final han optado por quitarnos de en medio, porque el local les viene bien”, dice uno de ellos. 

SIN INDEMNIZACIONES

En el Pleno del pasado junio se rechazó una propuesta de IU −cuyo portavoz calificó la situación como “un auténtico embrollo de ilegalidades superpuestas”–, para indemnizar o reubicar tanto a las personas que residen en las dos plantas del inmueble como a quienes tienen locales u oficinas. “Somos muy pocos, unos 15, y las indemnizaciones serían pequeñas”, relata un profesional que hace poco que instaló su oficina en el edificio. “En mi caso he reformado todo y no he podido ejercer porque no me dan la licencia, pero es que ni el edificio la tiene”. Y añade: “En 50 años no se había hecho una inspección, aquí hay carpinteros de toda la vida, industria, y ahora nos quitan nuestro modo de vida, pero no nos moveremos de aquí”, advierte.

Sobre las ilegalidades generadas durante este tiempo, Paloma García explica que “se han incoado 44 expedientes disciplinarios para regularizar el ejercicio de la actividad y los usos no autorizados. Al no suprimirse ningún derecho de estos usuarios, en situación de manifiesta ilegalidad, no tienen derecho tampoco a indemnización alguna o a que se les incluya entre las obligaciones del futuro concesionario”.

LA ASOCIACIÓN, A LA EXPECTATIVA

En dicho edificio también se encuentra desde hace décadas la sede de la Asociación Cuatro Caminos-Tetuán, cuya presidenta, Carmen Míguez, se muestra inquieta por la situación. “Han llegado avisos de cese de actividad y el inmueble se ha ido vaciando, pero nadie nos ha notificado nada. De palabra nos dijeron que acabadas las obras podríamos volver, pero no podemos adelantarnos y pagar dos alquileres, necesitaríamos una confirmación”. Pese a que aún tienen alguna expectativa y no plantearán ninguna “batalla legal” contra el Consistorio, Míguez tampoco se explica “cómo no se han dado cuenta de que no había licencia después de tanto tiempo. Es una actuación algo sibilina”, añade.

En cuanto al uso concreto que se dará a las plantas superiores, desde la Junta se informa únicamente de que “las utilizará de forma directa el Ayuntamiento para los usos que considere pertinentes”. Algo que duda uno de los inquilinos del inmueble, que opina que “el Consistorio no lo va a arreglar, porque no tiene dinero para ello. Lo va a dejar cerrado hasta que consiga venderlo”. En cualquier caso, parece que los próximos meses serán cruciales para el futuro de estos vecinos.

David Álvarez de la Morena