La Comunidad de Bravo Murillo, 297 exige una solución para su “plaza sin ley”

Critica la falta de voluntad por parte de la Junta y del Ayuntamiento

Decenas de vecinos de Bravo Murillo, 297 organizaron el pasado 19 de octubre una concentración para exigir que, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Distrito, den una solución “viable y legal” al problema de esta plaza, catalogada como privada de uso público, pero fuera de ordenación desde hace décadas. Esta mancomunidad, formada por 300 viviendas y un millar de vecinos, denuncia “la situación de bloqueo que sufre la plaza a diario, al ser una isla de aparcamiento gratuito para cualquiera, cuyo coste de mantenimiento pagan los vecinos de Bravo Murillo, 297 y donde ni siquiera se garantiza el acceso de emergencias”, explica Alicia Asensio, vicepresidenta de la Mancomunidad de propietarios. La portavoz de los afectados añade que tienen “perfectamente asumido” que la plaza sea de uso público, “pero eso no debe implicar una pesadilla diaria para los vecinos, un suplicio del que encima nos toca correr con los gastos”.

Tras año y medio de reuniones con responsables del Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) y de la Junta Municipal, los vecinos han salido a manifestarse al constatar el bloqueo a una solución que parecía encauzada el pasado 6 de abril, cuando los representantes vecinales se reunieron con el delegado de DUS, José Manuel Calvo, para tratar alternativas al limbo jurídico en que se encuentra la plaza.

La primera opción municipal, que los vecinos cedieran la propiedad al Consistorio, fue rechazada “porque resultaba poco práctica”, al requerir el voto unánime de los propietarios; la segunda, más viable, pasaría por mantener el carril de circulación de entrada y salida en el interior de la plaza, inhabilitar las 58 plazas de aparcamiento existentes y establecer una zona de carga y descarga suficiente –en el ámbito hay 20 locales comerciales, pero sólo unos pocos precisan un estacionamiento diario para descargar mercancías–. En esta nueva ordenación, el Ayuntamiento se comprometería a instalar las correspondientes señales y a informar a los agentes de movilidad para mantener el orden en la plaza.

Cinco meses sin avances

Un mes después de este inicio de acuerdo, los representantes presentaron ante la Junta una solicitud de licencia para instalar bolardos en la plaza, en línea con lo hablado con el delegado de DUS, que seis días después, durante la Comisión de Seguimiento del Área, reiteraría su voluntad de dar solución a la plaza. Desde entonces –han pasado más de cinco meses– los afectados de la que denominan “plaza sin ley” esperan una respuesta de la Junta, órgano “que debe seguir coordinando la solución a la problemática de la plaza”, señalan los vecinos.

Pero esta “falta de voluntad para cumplir los compromisos que transmitió el delegado”, explica Asensio, ha terminado por colmar la paciencia de los vecinos, que han salido a la calle para exigir una solución que, ahora que parecía haberse alcanzado, no acaba de materializarse.

David Álvarez de la Morena