Los colegios del distrito, ante la nueva “Ley Celaá”

La octava norma educativa de la democracia nace con polémica

A finales del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó la LOMLOE, conocida como “Ley Celaá”, que supone la octava legislación en materia educativa de la democracia. Un texto que ha recibido críticas desde varios sectores educativos, y que, pese a ser aprobada por la preceptiva mayoría absoluta, salió adelante, aunque muy lejos de lograr el consenso político y educativo. Un error, por otra parte, en el que ya incurrieron sus predecesoras.  

Entre las ventajas que aporta la nueva legislación, el Gobierno señala la apuesta por mejorar el éxito educativo y paliar el abandono escolar, así como la necesidad de garantizar la inversión en la enseñanza pública, la inclusión y la equidad, y la autonomía de los centros.

En el otro extremo, las principales críticas vienen por la eliminación del castellano como lengua vehicular, la posibilidad de promocionar a alumnos pese a acumular varios suspensos, el cerco a la educación especial o la amenaza a la supervivencia de la concertada. Sobre esto último, la Unión Europea admitía recientemente el recurso de amparo solicitado por los colegios concertados, al considerar que la norma vulnera la libertad de elección del centro educativo.

En cualquier caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid –actualmente en funciones– anunció hace meses que daría batalla por retrasar la entrada en vigor de la nueva ley, para lo cual ha adelantado el proceso de admisión del próximo curso.

Qué opinan los ‘coles’

En Tetuán 30 días hemos querido conocer el punto de vista de los propios centros educativos del distrito sobre la nueva legislación, sus ventajas e inconvenientes, y a continuación publicamos las respuestas de aquellos que han querido participar.

Uno de los más críticos es el director de la ESO del Colegio San José (calle del Marqués de Viana, 43), Roberto Carpintero, que manifiesta que se trata de “una ley que no ha sido debatida con la comunidad educativa, por lo que no puede ser representativa de la sociedad española”.

Además, reprocha tres aspectos de la nueva norma, que han sido ampliamente criticados desde varios ámbitos: “Pretende reducir la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública, suprimiendo el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, obligándoles a ir a un colegio público con el que no comparten su proyecto educativo”, pero también “pretende eliminar la educación especial, con lo que van a disminuir de forma considerable la educación de estos niños que necesitan unas atenciones muy particulares”.

Por último, señala que “reduce el nivel de exigencia de los alumnos, al facilitarles la obtención del título con varias materias suspensas”.

Por su parte, desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Jaime Vera (calle de la Infanta Mercedes, 47), su secretaria Carmen Prados comenta que se trata de una nueva modificación del sistema educativo, realizada “sin un consenso social”.

Pese a ello, enumera dos aspectos positivos y dos negativos de la nueva legislación. Entre los primeros, destaca “la búsqueda de la equidad y la igualdad de oportunidades, y la vuelta a la participación y a la toma de decisiones por parte de la comunidad educativa”; en el lado opuesto, critica “el no hacer partícipe a la comunidad educativa en el desarrollo de la ley, así como la falta de estabilidad del sistema educativo, con otro cambio en tan poco tiempo”.

La falta de acuerdos amplios es otro de los déficits que le ven a la “Ley Celaá” desde el Colegio Divino Corazón (Divino Redentor, 55). “Consideramos que la educación debería ser un pilar en el que hubiera consenso entre todos los partidos políticos y esta ley ha sido elaborada y aprobada contrarreloj, sin consenso alguno y sin pedir opinión a la comunidad educativa”, explican Almudena Menéndez y Cristina Vallejo, directoras pedagógicas de Secundaria y Primaria del colegio. “Además, se ha gestado en un momento en plena situación extraordinaria de pandemia mundial, donde los colegios hemos tenido que reinventarnos a nivel metodológico y en ámbitos que exceden nuestras competencias educativas, como es el tema sanitario y de salud”, añaden.

Junto a la falta de consenso, ambas educadoras inciden en que el nuevo texto “vulnera también un derecho fundamental que es el de la elección de centro por parte de los padres”. Un aspecto este que ha sido denunciado por parte de la educación concertada y cuyo amparo ha sido admitido a trámite por el Parlamento Europeo.

El director del Colegio Patrocinio de San José (Edgar Neville, 24), Fabián de Torres, considera igualmente “un error no haber contado con la opinión de los profesionales del mundo de la Educación ni de las familias”, a la hora de elaborar el texto, y señala: “Se ha vuelto a perder una oportunidad de crear una ley de consenso global y duradera”.

Además, advierte de que “entre otras cuestiones, esta ley podría poner en peligro la libertad de elección de centro, y el mantenimiento de las plazas escolares concertadas”.

“Desaparición” de la concertada

En el otro extremo, desde la Plataforma “Tetuán eres Educación Pública”, que congrega a vecinos, profesores, familias y otros colectivos del distrito, se admite que el nuevo texto legislativo aboca a la “desaparición gradual” de la enseñanza concertada: “Si bien no lo hace como a muchos nos hubiera gustado, sí reconocemos que va en la buena dirección. Al menos elimina ciertos de sus privilegios y evita injusticias, como cobrar a las familias o segregar por sexos”, añade.

La plataforma denuncia también la “raquítica” oferta de plazas educativas en Tetuán, donde “la gran mayoría del alumnado del distrito está escolarizado en centros privados concertados”. Según aseguran, solo el 41,8% de los alumnos de Primaria tiene plaza en un colegio público, y el 22,8% de Secundaria.

Para acabar, la directora del Centro de Educación de Personas Adultas de Tetuán (calle de Pinos Alta, 63), María del Mar Millán Gutiérrez, explica qué le parece la nueva ley, desde la perspectiva de su ámbito concreto: “En cuanto a Educación de adultos creemos que nos da visibilidad, cuando hemos estado siempre muy denostados y nos hemos sentido agredidos, y refleja varias de las peticiones que se llevan años pidiendo”. No obstante, añade: “Uno de los puntos en concreto con los que no estamos de acuerdo es el punto de la titulación directa, si lo decide la Junta de Evaluación”.