EDITORIAL MAYO 2018: Apliquemos el Artículo 35

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Es lo que reza el Artículo 35 de nuestra Constitución Española, que también podría añadir que no se puede jugar con los puestos de trabajo, ni tener en la incertidumbre al empleado y a sus familias, respecto a su futuro laboral.
Eso es lo que está sucediendo con las 43 familias afectadas por la remunicipalización del Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, situado en pleno barrio de La Ventilla, donde el 31 de agosto de este año finaliza el contrato con la empresa privada que lo gestiona desde hace una década, y que ya ha manifestado su deseo de renovarlo. Un asunto que se extiende a otros cuatro centros deportivos más de Madrid y que ha hecho que los trabajadores se unan en una plataforma, demandando una subrogación total de todos ellos. La decisión del Ayuntamiento, que atañe nada menos que a un total de 250 familias, en un principio fue la gestión mixta, lo que provocaría que más de la mitad de estos trabajadores acabasen en la calle; ésta era la primera idea del Consistorio, pero los actos reivindicativos llevados a cabo por la plataforma, realizados en legítima defensa de sus empleos, han posibilitado que la situación esté dando un vuelco.
Desde luego, el concepto de la “unión hace la fuerza” ha alcanzado en este tema su máxima expresión. Lo pudimos comprobar en el último Pleno de Tetuán, el pasado 17 de abril, con una sala abarrotada por los trabajadores del centro Díaz Miguel, que pedían soluciones y explicaciones sobre su “pan y el de sus hijos”, con lo que no se juega. Sus presiones, totalmente lícitas y justificadas, por ejemplo manifestándose en pleno Bravo Murillo, están dando sus frutos, hasta el punto de que la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el Pleno celebrado el 23 de abril, aseguró que “el compromiso del Ayuntamiento es garantizar que todo el personal que actualmente trabaja en los cinco polideportivos a municipalizar conserve su empleo”. Después, la concejala-presidenta de Tetuán, Montserrat Galcerán, suscribió esta declaración de buenas intenciones. Esperemos que finalmente todo se resuelva favorablemente para todos y cada uno de estos trabajadores.
Pero no es éste el único punto de controversia en el distrito. La decisión de trasladar las Fiestas de Tetuán, a celebrar los días 29, 30 de junio y 1 de julio, al parque Rodríguez Sahagún, también está dando que hablar y mucho. Desde la oposición nadie se muestra partidario de esta medida, porque “se ha tomado de manera unilateral y porque las fiestas se llevan a un lugar menos accesible”, lo que provocará, dicen, menos participación y problemas de seguridad. A buen seguro que seguiremos informado sobre este tema, y sobre otros muchos, como venimos haciendo desde hace 24 años.